Ficha: Evaluación educativa para la justicia social

Referencia: Torrecilla, F. J. M., Román, M., & Castilla, R. H. (2011). Evaluación educativa para la justicia social. Revista Iberoamericana de evaluación educativa, 4(1), 7-23.

Fernando Zambra

Síntesis:

El texto busca posicionar la evaluación como pieza fundamental en el debate sobre educación, y particularmente para la construcción de sociedades más justas. Mediante la evaluación se podrían reconocer los elementos, interacciones y características que deben tener las escuelas para lograr conseguir la justicia social. En este sentido a través del texto se identifican, discuten y proponen los principios y objetivos de una educación para la justicia social.

En el primer apartado se busca definir la justicia social. Para este fin los autores proponen el concepto en un sentido dinámico y sujeto a constante revisión y mejora. Sin embargo se plantan tres conceptos fundamentales: distribución, reconocimiento y participación.

Respecto a la distribución, se planta esta como “justicia distributiva”, en donde lo que se distribuye corresponde a bienes primarios básicos (derechos y libertades básicas, ingreso, etc) que permitan la decisión y la participación en igualdad de condiciones; sin embargo se problematiza el concepto puro de distribución ya que no daría cuenta de la libertad de la que se dispone para ser o hacer (aludiendo a las injusticias ya existentes y cómo revertirlas). El segundo concepto relevante es el de reconocimiento, concebido como la ausencia de dominación cultural, implicando la visibilizacion de múltiples perspectivas (étnicas, raciales, etc.). El tercer concepto es el de participación, el cual implica la promoción del acceso y equidad para una plena participación en la sociedad.

El segundo apartado se articula la educación con la justicia social, en el sentido de los tres conceptos antes nombrados. Sin embargo se hace alusión a la necesidad de consenso en torno al sentido de la educación, lo que implicaría un cambio respecto de su sentido y articulación con los principios de mercado, particularmente hacia una educación que forme ciudadanos de forma transversal, significativa y pertinente con estos fines.

Teniendo como norte estos principios, los autores proponen: una educación temprana en el ciclo vital de los sujetos que fortalezca las dimensiones sociales, emocionales, cívicas y morales necesarias para el modelo propuesto; la reducción de la segregación de los estudiantes, propiciando la heterogeneidad social y cultural; la participación plena no sólo con los individuos sino que también con sus familias y comunidades desde sus propias expectativas y particularidades; la necesidad de docentes competentes y motivados con la promoción de la justicia social, en donde el Estado y la sociedad fortalezca la labor docente; la conducción y gestión de las escuelas desde y para la justicia social, con la misión de formar ciudadanos capaces, libres e iguales; y la generación de una cultura escolar de confianza y altas expectativas en las capacidades de sus estudiantes.

En el tercer apartado busca señalar algunos elementos para tener en cuenta a la hora de una “evaluación justa” para una educación justa. 

Un primer elemento guarda relación con una evaluación justa, en el sentido de dar cuenta de la diversidad y heterogeneidad de los niños, respondiendo por el tipo de capacidades y competencias adquiridas por los estudiantes, así como por su relevancia en el contexto particular en el que se da.

Otro elemento que se expone es el de la evaluación del desarrollo integral de los estudiantes, en el sentido no sólo de los saberes académicos, sino que también en torno al desarrollo de las competencias actitudinales y de comportamiento para el conocimiento propio y la convivencia armónica con los otros.

Los autores proponen también la evaluación del grado de compromiso e implicación de los estudiantes con la justicia social. Esta línea de evaluación se enfoca no tanto a lo qué pasa con los estudiantes en la escuela sino que a cómo estos se situarán en la sociedad justa.

Evaluar la participación también resultaría importante para construir escuelas que formen a los alumnos para convivir y construir con otros. Este ítem apunta no a la participación reactiva sino que al desarrollo de la autonomía y la deliberación de los alumnos, a la vez que incidan en que la escuela propicie esta autonomía.

Finalmente (en este apartado) se expone la evaluación de los desempeños de los estudiantes desde la realidad de las escuelas, considerando su complejidad pedagógica y sociocultural.  Esta evaluación contextual del desempeño “favorece la compresión de un micro-espacio público en el que se refleja y proyecta la sociedad a partir de realidades y contextos específicos” (Torrecilla, Román & Castilla, 2011, p.17)

El cuarto apartado “Evaluar la educación para la justicia social” plantea necesario dar cuenta de en qué medida las escuelas propician la igualdad de oportunidad, procesos y resultado, a la vez que funcionan como motor de la movilidad social. Esta evaluación se daría desde una perspectiva en específico (la de las sociedades democráticas y perspectiva de derechos humanos) y buscaría evaluar ciertos elementos que los autores proponen como pertinentes y que se derivan de los principios expuestos previamente.

Finalmente los autores hacen una reflexión en torno a la tensión de principios que generaría esta propuesta, particularmente en relación a los intereses que cada grupo social estaría dispuesto a transar en pos de este bien común. Estos intereses se verían en conflicto a la hora de concretizar estos ideales en currículos pedagógicos, prácticas formativas, etc. También en la reflexión proyectan el desarrollo analítico de la justicia social entorno a lo propiamente metodológico, así como también amenaza de reproducir la lógica de los resultados que produce la evaluación.

Breve comentario personal

El texto si bien expone claramente cuáles son los principios que podrían conducir a una educación para la justicia social, tal como dice en la reflexión final, deja más preguntas que respuestas. Esto particularmente porque si bien “tiene presente” las variables contextuales para su aplicación, da la impresión de no contemplarlas en toda su magnitud, ya que las condiciones históricas para que se dé la aplicación de los principios de la justicia social están lejos de ser favorables. Un ejemplo de esto es nuestro país, en donde existe abundante evidencia sobre el rol perpetuador de la educación en torno desigualdad social, sin embargo las condiciones políticas para cambios estructurales aún no se ven a pesar del masivo movimiento por la educación pública a través de las últimas dos décadas.

Citas

“Las sociedades han de asegurar y procurar que todos sus individuos dispongan de la más amplia libertad para alcanzar funcionamientos básicos que les permitan participar plenamente en ella” (Sen, 1995, en Torrecilla et al, 2011, p. 10)

“La justicia educativa -lo que implica su calidad- también se deberá medir por la capacidad de los sistemas escolares de incorporar y potenciar a todos los niños, niñas y jóvenes. Un rol importante de la evaluación es visibilizar cuanto esto no ocurre, dando cuenta de actos, sistemas, procesos y resultados injustos.” (Torrecilla et al, 2011, p.14)

“Los tres principios orientadores de una educación justa y para una Justicia Social: i) alta calidad y justa distribución; ii) reconocimiento e identidad de grupos y colectivos socioculturales y, iii) activa y plena participación de los estudiantes”. (Torrecilla et al, 2011, p.21)